El Gobierno ha comenzado a negociar intensamente en el Congreso para intentar avanzar en la reforma de la Ley de Extranjería, que busca distribuir obligatoriamente a un menor número de inmigrantes no acompañados en las comunidades autónomas. Sin embargo, la propuesta fue reiterada una vez más por el Congreso de Representantes. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ejerció el papel de mediador, pero no fue escuchado.
Durante el pleno, el PP y Junts enviaron la iniciativa al PSOE, Sumar y Coalición Canaria, que decidieron retirar la reforma. Tanto Junts como Vox se han reafirmado en su opinión desde el principio.
La representante de Coalición Canaria, Cristina Valido, expresó su disposición a responder al texto si se proporciona la información necesaria para su implementación. Sin embargo, entendí que qué avances depende de la colaboración entre PSOE y Sumar. «Si no se avanza en las próximas horas, es mejor que no votemos y dialogemos», afirmó. La modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería busca abordar la situación de los menores no acompañados inmigrantes en regiones con alto desempleo.
En otro ámbito, Junts votó en contra del mandato deficitario del Gobierno, que podría haber influido en los Presupuestos de 2025. El vicepresidente de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, anunció que su partido se opondría al plan, subrayando la necesidad de requisitos previos estabilidad. .
Según la Ley de Estabilidad Presupestaria, si se revoca el mandato, el Gobierno deberá establecer una nueva meta en un plazo de cuatro semanas. De aprobarse esta nueva propuesta, tendrá que pasar al Senado, donde podría estar sujeta a mayores cambios.
La falta de un mandato de estabilidad complica la presentación de los requisitos necesarios para 2025, crucial antes de finales de septiembre para su inclusión en el próximo año. Hoy en día, el gobierno todavía no ha logrado avances en ninguno de los requisitos previos durante esta legislatura, lo que complica aún más las negociaciones con sus socios políticos.
