vie. Mar 1st, 2024
El futuro del INAI queda en manos de la voluntad del nuevo presidente
Trabajadores del Instituto Nacional de Transparencia, en mayo de 20223.Rogelio Morales Ponce (Cuarto oscuro)

Un organismo autónomo que vierte transparencia en la vida pública es posiblemente uno de los signos más claros de modernidad y democracia para un país, factor que inmediatamente lo ubica en el primer mundo si lo estuvo en el segundo. ¿En qué mundo está México? En el caso de su Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), por supuesto en el primero, sin mencionar que se adhiere al Convenio 108 de la Unión Europea, lo que le permite intercambiar datos y fortalecer las relaciones comerciales transfronterizas de manera segura y homologada. México también preside hoy algunos de los organismos internacionales más poderosos en esta materia, como la Conferencia Internacional de Comisionados de Información y la Asamblea Global de Privacidad, algo que no ha sucedido antes. A nivel regional también preside la Red de Transparencia y Acceso a la Información y la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales.

Este sexenio, sin embargo, el INAI, cuya autonomía está regulada en la Constitución, ha sufrido duros ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo ha colocado en una situación de coma. Tres de los siete comisionados suyos, cuyo mandato concluyó, no han sido sustituidos, algo que corresponde al Senado. El presidente ha usado sus poderes para vetar esos nuevos nombramientos en dos ocasiones, y el asunto llegó a la Corte Suprema, que se espera que resuelva lo que se ha atascado en el lado de la política. La mayoría oficialista ha hecho caso omiso en dos ocasiones de los mandatos de los jueces federales para que el organismo convoque a plenos con sólo cuatro miembros, para que no se paralicen sus funciones más importantes, y para que se nombre a los que faltan. Para alivio de los comisionados, el pasado jueves, la Corte calificó al Senado de “ignorante” por no avanzar en ese mandato y se espera que se pronuncie nuevamente cuando un ponente elabore otro proyecto al respecto. “En agosto lo que esperamos es que la Corte decida que nos podemos reunir con solo cuatro miembros, porque no creemos que el Senado vaya a postular, en el tiempo que resta, a los tres restantes”, dijo a este diario Julieta del Río Venegas, una de las comisionadas.

Los comisionados tienen los dedos cruzados. Si bien continúan trabajando como si nada, para no quedar sepultados bajo la avalancha de peticiones ciudadanas e institucionales, el hecho de que no puedan cumplir en su totalidad les impide resolver casos que provienen de instancias inferiores, como los que tramitan los institutos de transparencia de los Estados de la República; no pueden atraer temas locales que requieren un mayor pronunciamiento; se les impide resolver denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia; y, lo que es más grave, no pueden acudir a la alta corte a presentar causas de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, que es la forma que tiene el INAI de resolver asuntos en los que el Gobierno se apoya en la seguridad nacional por no proporcionar los datos requeridos, algo que sucedió con la ruta del Tren Maya, por ejemplo. Y que ganó el INAI.

Las consecuencias internacionales tampoco son malas. El Instituto es un certificador de las normas de privacidad transfronterizas que afectan el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y es poco lo que puede hacer al respecto; en el acuerdo 108 que se mencionó anteriormente, también están atados de pies y manos para garantizar algunos requisitos relacionados con ese acuerdo.

Organismos internacionales han enviado al Senado su adhesión al INAI y advertido de estas consecuencias, pero nada de esto parece convencer a un presidente ya convencido de que el instituto de transparencia es inútil y prescindible. Ha habido pocos ataques. El INAI se ha puesto del lado de los neoliberales para insultarlo como falto de transparencia e incapaz de acabar con la corrupción, algo que por cierto no le corresponde. Creado en la Administración de Vicente Fox, en 2003, ahora se califica como un “gasto oneroso, opaco e innecesario que hoy defienden los amantes de la simulación”, en las recientes palabras del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López y hoy aspirante a reemplazar al presidente en 2024. Esta afirmación puede entenderse como parte de su programa electoral, si corresponde. Otra de las candidatas a mantener y avanzar el legado de López Obrador es Claudia Sheinbaum. Sin embargo, si llegara a ser presidenta, la ex jefa de gobierno de la ciudad tiene su propia herencia. El instituto de transparencia de la capital no ha sufrido los recortes que ha venido estrangulando al nacional, cuyo presupuesto ha caído un 22 % de 2018 a 2023, en términos reales, según datos del Instituto, que asciende a 7,9 pesos lo que cuesta el organismo a cada mexicano al año. Los comisionados también afirman que en otras entidades se esfuerzan para que sus institutos de transparencia continúen en pleno funcionamiento. El futuro del INAI dependerá de cuánto tiempo los morenistas decidan mantener intacto el legado de López Obrador y sus propuestas políticas. No hay gobierno que no esté reñido con la transparencia, pero no todos toman las mismas decisiones.

La parálisis que se ha producido desde la Cámara Alta ha desalentado el interés del ciudadano por saber qué le corresponde por derecho, según los comisarios. La población consulta sobre el sistema de salud o educativo, pero también sobre temas contractuales y decenas más. El INAI también ha resuelto casos que tienen que ver con el Tren Maya o con la corrupción en Segalmex, el organismo que garantiza alimentos baratos a la población pobre.

El futuro del INAI está en entredicho. Para reformarlo o aniquilarlo y trasladar sus funciones a otros departamentos, como ha sugerido el Gobierno, se necesitan reformas constitucionales, por tanto, mayorías cualificadas, algo que el oficialismo no tiene por ahora. Ni por esta ni por otras grandes reformas que se han quedado a la espera de lo que decidan las urnas en 2024.

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