El gobierno de Claudia Sheinbaum ha lanzado una ambiciosa propuesta para combatir la desigualdad y garantizar el acceso a una vivienda digna en México. Este plan implica la construcción de un millón de viviendas a bajo costo para familias de escasos recursos, un proyecto que busca reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos. Sin embargo, la reforma constitucional en materia de vivienda que respalda esta iniciativa ha generado una intensa controversia entre legisladores, sindicatos y diversos sectores de la sociedad.
El eje central de la reforma es la modificación del artículo 123 de la Constitución, que establece las bases para que el Fondo Nacional de Vivienda (Infonavit) adopte un enfoque social. Esto incluye la creación de un sistema que permita a los trabajadores acceder a créditos asequibles para adquirir, mejorar o incluso alquilar vivienda. Además, la reforma contempla que las empresas de todos los sectores contribuyan a un fondo nacional de vivienda, cuyos recursos se destinarán a la construcción de casas y al otorgamiento de créditos.
Sheinbaum ha defendido esta reforma como una solución integral para atender el déficit habitacional del país. Según la presidenta, el objetivo es garantizar que todos los trabajadores, sin importar si son derechohabientes del Infonavit o no, puedan acceder a una vivienda digna. Esto incluye un esquema de arrendamiento que priorizará a quienes han contribuido de manera constante al fondo pero no poseen una casa propia.
El proyecto también prevé la construcción de 165,000 viviendas en 2025, muchas de las cuales estarán destinadas a renta, beneficiando especialmente a jóvenes cuyos ingresos no les permiten acceder a un hogar propio. En total, el Programa de Vivienda y Regularización impulsado por el gobierno contempla una inversión de 600,000 millones de pesos (aproximadamente 29,921 millones de dólares) para garantizar que este derecho alcance a las zonas más vulnerables del país.
Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, ha destacado que esta reforma representa un paso crucial en la responsabilidad del Estado para asegurar que todos los trabajadores tengan acceso a una vivienda adecuada, contribuyendo así a disminuir la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, no todos comparten este optimismo.
Las críticas y preocupaciones sobre la reforma
A pesar de los objetivos sociales de la reforma, esta ha sido duramente criticada por legisladores de oposición, organizaciones sindicales y analistas, quienes consideran que podría poner en riesgo los ahorros de los trabajadores. Una de las preocupaciones más recurrentes es que la modificación permitiría al gobierno acceder a los fondos del Infonavit, lo que ha generado temores sobre una posible mala administración o uso indebido de estos recursos.
La reforma, aprobada en el Senado con 68 votos a favor y 29 en contra, también incluye cambios en la estructura del Infonavit. Entre ellos, se encuentra la reducción del número de integrantes de los comités reguladores, que pasarán de 45 a 30 miembros. Estos comités, que históricamente han estado integrados por representantes de trabajadores, empleadores y el gobierno, serán ahora controlados en mayor medida por representantes gubernamentales, según señalan los críticos.
Otro punto controvertido es que el director del Infonavit ya no será elegido por la asamblea del instituto, como ocurría anteriormente, sino que será designado directamente por la presidencia de la República. Para opositores como Ricardo Anaya, senador del Partido Acción Nacional (PAN), estos cambios representan un riesgo significativo para la autonomía del Infonavit y la seguridad de los ahorros de los trabajadores.
“La subcuenta de vivienda pertenece a las y los trabajadores. Son 2 billones de pesos (alrededor de 100,000 millones de dólares), y ningún gobierno había tocado este dinero hasta ahora”, afirmó Anaya, quien considera la reforma como un intento del gobierno para disponer de recursos que no le pertenecen.
Por su parte, 23 organizaciones sindicales han expresado su rechazo a la reforma. En un comunicado conjunto, señalaron que la reducción de los comités reguladores y el aumento de la influencia gubernamental vulneran los derechos de los trabajadores. Jesús Ortiz Álvarez, secretario general del Sindicato de Pilotos de México y uno de los firmantes del comunicado, pidió que se mantenga la paridad en los comités para garantizar que los empleadores, trabajadores y el gobierno tengan el mismo peso en la toma de decisiones.
La defensa del gobierno
Ante las críticas, Claudia Sheinbaum ha reiterado que los ahorros de los trabajadores están completamente protegidos. En una conferencia de prensa, la presidenta aseguró que «todas y todos los que tienen sus ahorros en el Infonavit están totalmente resguardados» y desestimó las acusaciones de que su gobierno planea utilizar los recursos de manera indebida.
Waldo Fernández, senador del Partido Verde Ecologista de México, también defendió la reforma, argumentando que los fondos del Infonavit están sujetos a estrictos límites administrativos. Según Fernández, el gobierno no puede disponer libremente de estos recursos, ya que su uso está restringido al 0.55% para cuestiones de administración. Además, señaló que la asamblea del Infonavit sigue siendo mayoritariamente conformada por representantes de trabajadores y empleadores, lo que garantiza que las decisiones no serán tomadas unilateralmente por el gobierno.
Un cambio necesario o un riesgo latente
Mientras el debate continúa, la reforma al Infonavit y el plan de construir un millón de viviendas destacan como una de las iniciativas más ambiciosas del gobierno de Sheinbaum. Por un lado, sus defensores argumentan que la medida es necesaria para enfrentar el déficit habitacional y garantizar el acceso a una vivienda digna, especialmente para los sectores más vulnerables. Por otro, los críticos señalan que los cambios propuestos podrían tener consecuencias negativas para los trabajadores y sus ahorros, además de otorgar un poder excesivo al gobierno sobre una institución clave como el Infonavit.
El éxito de esta iniciativa dependerá de su implementación y de la capacidad del gobierno para demostrar que los recursos serán utilizados de manera eficiente y transparente. A medida que el proyecto avance, será crucial mantener un equilibrio entre los objetivos sociales de la reforma y la protección de los derechos de los trabajadores, asegurando que el acceso a una vivienda digna no se convierta en un pretexto para comprometer la seguridad de los ahorros de millones de mexicanos.
En última instancia, esta reforma representa un tema central en el debate sobre el papel del Estado en la economía y la protección de los derechos sociales en México. Mientras algunos ven en ella una oportunidad para reducir la desigualdad y garantizar un derecho fundamental, otros la perciben como un intento de centralizar el control de recursos que deberían estar en manos de los trabajadores. El tiempo dirá si este ambicioso proyecto logra cumplir sus objetivos sin sacrificar la confianza y la estabilidad del sistema.
