El Tribunal Supremo de Justicia ha admitido la controversia constitucional presentada por el INE contra la reforma electoral del Gobierno y ha concedido una suspensión para que no se apliquen las modificaciones legales hasta que los ministros decidan si son constitucionales o no. Con esta decisión, el INE, organismo autónomo encargado de organizar y garantizar las elecciones en México, podrá conservar sus funciones y estructura institucional, y continuar operando como antes de la aprobación del llamado “plan B” electoral. . La suspensión fue concedida por el ministro Javier Laynez, en cuya presentación recayó el recurso promovido por el INE. El ministro ha dejado claro que, a su juicio, la reforma impulsada por el Gobierno puede suponer vulneraciones de los derechos políticos de los ciudadanos. Su razonamiento arroja luz sobre el sentido en que podría elaborar su proyecto de sentencia y hace tambalearse una de las mayores apuestas legislativas de la Administración de Andrés Manuel López Obrador.
“El ministro de Instrucción concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del decreto [de reforma] para que las cosas queden en el estado en que se encuentran hoy y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma”, anunció este viernes la Corte. “Esta suspensión se concedió porque el decreto no sólo contiene normas generales, sino también actos específicos de aplicación, sobre los cuales se concede la suspensión con carácter general”. La Corte Suprema agrega que en ocasiones anteriores ha resuelto “que en controversias constitucionales procede conceder la suspensión, aun tratándose de leyes, cuando éstas pudieran violar irreparablemente los derechos humanos. En el caso que nos ocupa, se trata de la posible vulneración de los derechos político-electorales de la ciudadanía”.
El INE impugnó el 9 de marzo ante la Corte las reformas a cuatro leyes: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. La apelación fue entregada a Laynez. Previamente, el árbitro electoral había promovido el 1 de febrero una primera impugnación contra los cambios a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ese llamado fue volcado a la presentación del ministro Alberto Pérez Dayán.
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