Isaac Gamboa Lozano, ex alto funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, se había retirado con su familia a un lujoso fraccionamiento en Temixco, en el Estado de Morelos, para pasar las primeras semanas del confinamiento impuesto por el covid-19. El 21 de mayo de 2020, alrededor de las 15:00 horas, cuatro hombres armados entraron a la casa y mataron a balazos a Gamboa, a su madre de 60 años y a sus tres hermanos. Les tomó tres minutos. No forzaron las cerraduras para entrar y ubicaron con rapidez y precisión a los Gamboa entre las veinte personas —familiares, amigos, trabajadores— que acompañaban a las víctimas en ese momento. A tres años del homicidio múltiple, uno de los asesinos, Jesús Manuel “N”, el mongoyun ex miembro de la Armada, ha sido condenado a 125 años de prisión y al pago de una indemnización de 6,7 millones de pesos, según informó este miércoles la Fiscalía de Morelos.
Isaac Gamboa fue durante todo el gobierno de Peña Nieto (2012-2018) jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestario del Tesoro. El jefe de Gamboa era Luis Videgaray, secretario de dicho ministerio y estrecho colaborador de Peña Nieto. Su asesinato forma parte de una compleja trama de corrupción política y desvíos millonarios que involucró al círculo rojo de Peña Nieto, el PRI y varios gobernadores. Gamboa estuvo en la mira de otra Fiscalía, la de Chihuahua, por su participación en el Operación Zafiro, un mecanismo de corrupción a través del cual se triangularon 250 millones de pesos desde la Secretaría de Hacienda al Gobierno de Chihuahua, entonces encabezado por César Duarte, y de allí a las arcas del PRI, dirigido por Manlio Fabio Beltrones. El objetivo de esta maquinaria, replicada en varios Estados gobernados por el PRI, era financiar ilegalmente campañas electorales.
Gamboa fue, nada más y nada menos, el funcionario que autorizó transferencias millonarias a los gobiernos estatales desde el Tesoro. Su asesinato reveló que él y su esposa, Bethzabee Brito Álvarez, habían lavado una fortuna a través de empresas fantasma. El Ministerio de Hacienda en la Administración de Andrés Manuel López Obrador ha sostenido que los recursos provinieron de sobornos pagados a Gamboa por su disposición a participar en actos de corrupción. Pero las autoridades también presumen que el entramado empresarial de Gamboa podría haber sido utilizado por el gobierno federal, los gobiernos estatales y el PRI para lavar, precisamente, el desvío de recursos de la Operación Zafiro.
Dado que el homicidio múltiple de los Gamboa ocurrió en Morelos, la Fiscalía de ese estado se hizo cargo de la investigación, a la que bautizó como caso de la viuda negra. El nombre, claramente misógino, nació de la hipótesis de que el asesinato de Isaac Gamboa fue maquinado por su esposa, Bethzabee, quien -siempre según la Fiscalía- estaba teniendo una aventura con el guardaespaldas de Gamboa y quería quedarse con la ilícita fortuna amasada. para el matrimonio. La mujer de 39 años, quien tuvo dos hijos con Gamboa, fue capturada pocas semanas después del crimen en la Ciudad de México. Un juez de Morelos la vinculó a proceso y ordenó su ingreso en un penal de mujeres hasta que se dicte sentencia condenatoria. Bethzabee ha cumplido dos años y medio sin que se determine su responsabilidad en el asesinato, si la hubiere, e incluso ha sido trasladada a una prisión de máxima seguridad. Los tres cómplices de El Mongoy, incluido el supuesto amante de Bethzabee, también ex marine, están huyendo de la justicia.
Pese a la biografía política de Gamboa, la Fiscalía de Morelos ha establecido que su asesinato fue un simple “crimen pasional”, lo que ha descartado continuar como línea de investigación su implicación en la red de corrupción gubernamental en el sexenio de Peña Nieto. Javier Corral, exgobernador de Chihuahua —en cuya Administración el Operación Zafiro—, ha señalado anteriormente que la muerte de Gamboa supuso la pérdida de un testigo clave de las millonarias desviaciones de la peñismo y cuyo testimonio podría haber llevado al círculo rojo del expresidente. Hasta el día de hoy, solo un puñado de funcionarios menores del Gobierno de César Duarte en Chihuahua han sido procesados por hechos de corrupción.
A nivel federal existe una carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía General de la Nación para investigar el lavado de recursos del entramado empresarial de Gamboa y Bethzabee Brito. Sin embargo, el expediente discurre por un camino distinto al de la investigación de su homicidio. Que la Fiscalía de Morelos —que acumula cuestionamientos sobre la probidad de sus investigaciones— haya enmarcado el asesinato en el “crimen pasional” augura un intento de estantería y otro episodio de impunidad por actos de corrupción institucional.
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