El Instituto Nacional Electoral (INE) de México aprobó el viernes que el partido gobernante, Morena, y sus aliados obtengan aproximadamente el 73% de los escaños en la Cámara de Diputados, a pesar de haber conseguido menos del 60% de los votos en las elecciones del 2 de junio.
Esta decisión, que puede ser apelada en tribunales, otorgaría a la coalición una mayoría de dos tercios necesaria para aprobar reformas a la constitución mexicana. De confirmarse, Morena y sus aliados tendrían alrededor de 364 de los 500 escaños disponibles.
Críticos argumentan que esta asignación de escaños otorgaría a Morena más poder en el Congreso del que les corresponde según los resultados de las elecciones. La controversia se centra en una ley que asigna escaños en función de la representación proporcional, diseñada para beneficiar a partidos más pequeños según su porcentaje de votos, incluso si no ganan distritos específicos.
Se sugiere que Morena «prestó» candidatos ganadores a aliados como el Partido Verde y el Partido Laborista, que suelen votar junto a ellos. El consejo del INE determinó que las reglas de representación proporcional se aplican solo a partidos individuales, sin considerar el impacto en una coalición mayoritaria.
Aunque Morena y sus aliados no alcanzaron la mayoría de dos tercios en el Senado, están a solo dos o tres escaños de conseguirla y podrían obtenerlos de un partido más pequeño.
El presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, y su sucesora, Claudia Sheinbaum, también de Morena, han manifestado su intención de utilizar esta mayoría para impulsar 20 cambios constitucionales, incluyendo la elección popular de jueces, lo que podría amenazar la independencia del poder judicial y consolidar aún más el control del partido.
La propuesta ha suscitado críticas de inversionistas y organismos financieros, así como del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien alertó sobre los riesgos para la democracia mexicana y la relación comercial entre ambos países.
Además, los tribunales federales están en gran parte paralizados debido a una huelga de empleados judiciales que protesta por la reforma. Los jueces también se han sumado a esta huelga.
Entre otras reformas, Morena busca eliminar organismos reguladores independientes, argumentando que son un gasto innecesario y que las funciones de supervisión deben recaer en departamentos gubernamentales que se autorregulen.
López Obrador ha intentado avanzar en proyectos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas sin supervisión ni estudios de impacto ambiental, enfrentando numerosas impugnaciones legales. Modificar la Constitución podría eliminar esos obstáculos.
El presidente dejará su cargo el 30 de septiembre, pero Sheinbaum, quien se convirtió en la primera mujer presidenta de México tras ganar las elecciones, se ha comprometido a seguir con su agenda.
