Su vida era perfecta hasta que, un día a principios de diciembre, unos narcotraficantes bajaron de la montaña y lo arruinaron todo. Fernando, nombre ficticio que ha escogido para proteger su identidad en este reportaje, tenía todo lo que siempre había deseado: una esposa maravillosa, una hija de tres años y un bebé de siete meses, un pequeño negocio ganadero, dos camiones y una pequeña casa. en el pueblo de la Sierra de Zacatecas donde nació. Entre las montañas, San Pascual se organiza en torno a un buen camino donde se acumulan algunas casas, una cancha de baloncesto, una iglesia, tiendas de abarrotes y una escuela, suficiente para las 90 personas que vivían allí. Ahora no queda ni un alma.
El caos descendió de la colina más alta de San Pascual en forma de dos hombres vestidos con equipo de aspecto militar con armas largas colgadas al hombro. Miraban todo como si ya les perteneciera. Fueron directo a la casa de Fernando. Frente a su esposa y sus hijas, una de ellas le dijo: “Nosotros no tenemos un mal plan, nuestro pleito es con otros. Lo que queremos es evitar al gobierno, así que allá vamos. Pero no te preocupes, venimos a cuidarte”. Casi dos meses después, Fernando cuenta por teléfono que en ese momento pensó: “¿Y qué nos cuidan, a ver? Aquí nunca pasa nada”. .” Cuando se dieron cuenta de que la promesa no era real, empacaron todas las cosas que pudieron cargar en el camión y se marcharon.
A pocas semanas de la llegada de los narcotraficantes, quienes se identificaron como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el poblado quedó completamente deshabitado. No hubo grandes manifestaciones ni gritos de protesta, y el nombre de San Pascual no resonó en ningún medio. Muchos no se pronuncian por temor a represalias y porque, para el municipio de Tepetongo y para Zacatecas, la violencia y el abuso de poder de los cárteles son pan de cada día. El resultado es inevitable: Zacatecas fue la entidad con más episodios de desplazamiento forzado en 2021, según el informe de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos presentado este enero. Entre Zacatecas (3,693), Michoacán (13,515) y Chiapas (7,117) suman el 84% de los desplazados en todo México.
Tres días después de la primera visita, 10 hombres bajaron de nuevo al pueblo. Volvieron a hablar con Fernando. “¿Eres tú el que trae agua a unos animales que están en un potrero por allá?” le preguntaron, siempre con las armas al hombro. “Sí”, les respondió. “Y la furgoneta, ¿dónde la tienes?” “Aquí en el garaje”, les dijo. “Ay bueno, muy bien, es solo para que no nos confundamos y para que no salga una bala perdida”, decían, y repetían que se encargarían de cualquier ladrón. “Por cierto, ya tenemos identificados a dos de aquí que son los que peor se portan”, le dijeron. Fernando dice que tenía como vecinos a dos jóvenes que “no eran gente de buen vivir, usaban drogas, pero nunca se metían con nadie”. A los pocos días, unos hombres armados bajaron al pueblo “y se llevaron a estos dos tipos, secuestrados, y un carro viejo y una moto que era de uno de ellos”.
El miércoles 14 de diciembre fueron nuevamente a su casa, pero estaba trabajando. Hablaron con su esposa. “Cuando regresé, apenas podía decir lo nerviosa que estaba”, dice. Le dijeron que habían venido a pedirle a Fernando una de las dos camionetas que tenía. “Estamos a su merced, dale las llaves y déjalos ir”, pidió su esposa. Cuando salió de la casa con las llaves en la mano, dispuesto a buscar a los uniformados para no meterse en problemas, uno de sus vecinos le preguntó: “¿Adónde vas?”. “Voy a buscar mi camioneta, me la pidieron”, respondió. “No, no te vayas, ya me quitaron el mío”, le dijo su vecino. Días después también se llevaron la camioneta de Fernando.
Ante la insistencia de su esposa, y porque todos en la región conocen la violencia de la que son capaces estos grupos criminales, llevó sus vacas al potrero de un primo suyo, cargaron la camioneta que él había dejado —“Me tiré todos los documentos, la ropa de mis hijos, los juguetes”— y se despidió del pueblo que lo había visto crecer. Denunció la camioneta como robada y denunció lo sucedido a las autoridades de Zacatecas. Hasta ahora nadie ha hecho nada para devolverles su aldea. “La Guardia Nacional hace rondas, pero no hacen nada para atrapar a los delincuentes. Están en la montaña, bajan de noche y entran en las casas y toman lo que quieren”, cuenta por teléfono Fernando, desde la casa donde se ha instalado temporalmente con su familia, en una ciudad cercana.
Las autoridades, lejos de hacer algo, evitan en lo posible entrometerse en los quehaceres y batallas entre cárteles, que asedian la región desde hace meses. El resultado es que la lucha territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación —“los de abajo”, les dicen allí—, y el Cártel de Sinaloa —“los de arriba”—, ha dejado un reguero de sangre y lágrimas que hace que la vida en el pueblos del municipio casi imposible.
Jairo López es investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas y especialista en desplazamiento forzado masivo. Asegura que hay una palabra que las autoridades no se atreven a usar, pero que describe perfectamente la situación: “Aquí hay una guerra, una guerra por el control de la producción y el tráfico de drogas, además de la guerra por los recursos minerales de esta tierra, pero las autoridades no se atreven a decirlo, porque eso nos obligaría a tener otro tipo de políticas”.
La situación es compleja y la solución difícil de alcanzar. En este momento, los elementos del Ejército y la Guardia Nacional enviados a Zacatecas tienen la misión de no enfrentar directamente a los grupos delictivos. “No son una fuerza de confrontación. No está mal, pero a eso se limita”, dice López. La otra solución sería enfrentarse a individuos armados entrenados en estrategia militar. Ambos enfoques pueden traer consecuencias fatales para la población local. “Lo que está claro es que el gobierno no tiene el control del territorio”, dice el investigador. Este diario ha tratado de contactar al gobierno de Zacatecas y Tepetongo para conocer su perspectiva sobre este tema, sin éxito.
Mientras tanto, Fernando sigue huyendo de su pueblo y las autoridades siguen evitando la situación. “Estamos completamente indefensos”, lamenta. “Las autoridades se portaron bien, pero no estaban como que vamos a ir tras ellos. Dijeron vamos a analizar la situación, seguir denunciando, pero nada más. Es la segunda vez que lo sacan de San Pascual sin su permiso. Cuando tenía 17 años, su padre los llevó a trabajar a Estados Unidos. “Ahí hacíamos las cosas típicas, restaurantes, jardinería, limpieza de alfombras de madrugada, limpieza de oficinas, en la construcción, donde pude ahorrar”, cuenta.
Después de dos décadas y a raíz del Covid-19, toda su familia regresó al pueblo del que ahora han sido expulsados. “Tengo muchas ganas de volver a ver mi ganado, de vivir la vida que llevaba. Por fin estaba en mi tierra, por fin, después de tantos años trabajando en Estados Unidos, estaba trabajando en mi propio proyecto”, dice Fernando con creciente impotencia. “No veo mucho los partidos políticos, pero esto nos está pasando ahora y nos hace perder mucho la fe en nuestro país. Me he dado cuenta de que somos totalmente vulnerables. Es estúpido. En otros países uno puede ser pobre o rico, pero nadie vive con esta incertidumbre sobre su vida”, dice.
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