Las puertas de la Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM) están cerradas. En el campus de Cuajimalpa, en el occidente de la Ciudad de México, de sus puertas cuelgan cientos de carteles y pancartas: “Huelga de la UAM-C por encubrir a violadores y acosadores”. “¡Alto! Hay un violador en tu unidad”. “Proteger a la víctima, no al agresor”. “No insistas amigo: no es no”. Un grupo de estudiantes con el rostro tapado impide la entrada. Desde la semana pasada los cinco planteles están cerrados y los estudiantes en huelga. La resolución que dieron las autoridades universitarias a la denuncia de una estudiante contra su expareja por su violación fue el detonante del hastío de sus compañeros para terminar en el paro La comisión evaluadora del caso se declaró incompetente para tomar acción alguna contra la estudiante , incluso cuando él mismo reconoció haber cometido el atentado “por accidente”. “Como este caso, hay decenas sin resolver u olvidados”, aseguran las chicas a través de las redes sociales.
El caso no es un hecho aislado. Esta es la punta de un iceberg que muestra años de abandono de la violencia machista que impregna universidades y colegios de todo el país. De Nuevo León a Oaxaca, pasando por San Luis Potosí, Zacatecas y Yucatán. En 2019, los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tomaron 11 facultades exigiendo lo mismo que sus compañeros de la UAM piden estos días: la universidad debe ser un espacio libre de violencia donde las mujeres no corran peligro por ir a el cuarto de baño. , por caminar para tomar el autobús o por ir a una fiesta con sus compañeros. En un país donde la violencia de género impregna todos los rincones de la sociedad, la universidad no es una excepción. Mientras los estudiantes luchan por espacios más seguros, se vulnera su propio derecho a la educación. “Queremos vivir sin miedo”, responden los estudiantes.
Acoso, hostigamiento, abuso sexual, violación y feminicidios que fueron barridos bajo la alfombra durante años y que el movimiento Yo también animó a denunciar públicamente. “La violencia contra la mujer es estructural y afecta no solo a estudiantes, sino también a docentes y trabajadores”, señala la académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM, Aimeé Vega Montiel. Al estallar el problema, señaló a las autoridades universitarias -desconocidas en su mayoría- que se vieron obligadas a elaborar protocolos antiacoso a marchas forzadas -la UNAM creó el suyo en 2016 y la UAM en 2018-. También crearon unidades de atención a víctimas que han sido deficientes a la hora de atender el problema en todas sus dimensiones.
La presión generada por el paro puso a la Universidad contra las cuerdas para tomar medidas. Una nueva comisión encargada de analizar el caso de violación rectificó su dictamen y decidió expulsar a la estudiante. “Esa medida se queda muy corta ahora”, dice Ana, una estudiante de 22 años, que prefiere no revelar su verdadero nombre. Las demandas de los estudiantes se han ampliado y el paro se ha extendido a los cinco campus autónomos de la Universidad: Cuajimalpa, Azcapotzalco, Xochimilco, Lerma e Iztapalapa. Desde allí también denuncian decenas de casos sin abordar, por ejemplo, el de la propia Ana. “Fui víctima de abuso sexual y la unidad de género te revictimiza”, dice. “La psiquiatra del colegio me dijo que no tenía facultad para tratar lo que me estaba pasando y la consulta solo duró 10 minutos porque tenía muchos alumnos. Me recetó clonazepam a demanda”, recuerda.
Los estudiantes insisten en que los mecanismos de denuncia no funcionan o funcionan a medias. Se quejan de que denunciaron y no pasó nada. Los revictimizaron, no les creyeron, trataron de convencerlos de que no denunciaran y los obligaron a seguir en clase con sus agresores.
Los cinco planteles acordaron en asamblea compartir juntos una serie de demandas. Entre ellos, erradicar por completo la violencia de género y unificar los protocolos contra el acoso, reestructurar los órganos colegiados para que cuenten con un experto en perspectiva de género y reformar la oficina de Igualdad de Género. “Estamos exigiendo a las autoridades que nos aseguren que vamos a estar bien, que nos protejan, que nos apoyen, que no se detengan en falsas promesas”, dijeron los estudiantes en un comunicado.
Las demandas también incluyen que los miembros de la Comisión de Faltas tomen cursos con perspectiva de género, reformar el reglamento del estudiantado para delimitar correctamente las faltas y amonestaciones, establecer sanciones para el personal académico por cometer violencia sexual, crear medidas cautelares para que cuando se presente una denuncia por violencia sexual recibida, la víctima sea tratada correctamente y que se garantice el derecho a la educación de todos los involucrados en el proceso. “Estamos mejorando los protocolos de las cinco unidades”, dice el rector general de la Universidad, José Antonio de los Reyes Heredia, en entrevista con este diario.
El rector reconoce que según el dictamen emitido por la Defensoría de la Institución y la Unidad de Género sobre el caso de violación sexual en Cuajimalpa “quizás no se han incluido todos los elementos para llegar al dictamen que emitió la vez anterior” y se compromete a la creación de un protocolo único para toda la institución. En 2022, la UAM atendió denuncias contra 35 trabajadoras y una trabajadora por violencia de género. De este total, se admitieron a trámite 26 casos. También se dio seguimiento a las denuncias contra 28 estudiantes. por la misma razón que terminó con ocho expulsiones.“Cuatro de ellos fueron en la unidad Cuajimalpa y cuatro, en la Unidad Xochimilco”, dice De los Reyes Heredia.En nueve casos más se decretaron suspensiones de uno a tres cuartos para los estudiantes. , se emitieron cuatro amonestaciones y en cinco casos no se encontraron elementos para aplicar medidas, según los datos proporcionados por la Rectoría General.
Las autoridades universitarias admiten que la violencia machista que vive la UAM es un problema sistémico que no se soluciona con la expulsión de un alumno. “Nos damos cuenta de que la estructura está superada y que la normativa que hicimos en 2018, que fue de buena fe y con el mejor ánimo, no está funcionando”, reconoce el vicerrector administrativo del recinto Cuajimalpa, Gerardo Kloss. “Que los aparatos y las instancias de la unidad de género, las asesorías que estamos dando a través de la abogacía de la Universidad no están siendo suficientes”, admite.
Esta falta de confianza en los canales administrativos ha desatado el fenómeno de las denuncias anónimas en las redes sociales y en los tendederos, como se puede apreciar en los portones de la UAM Cuajimalpa. Las autoridades universitarias declaran que mientras no haya una denuncia formal no pueden hacer nada. “Hay varios casos que se han denunciado de manera más amigable y se pierden los expedientes, hay una mala organización”, dice Ana. “El hecho de que existan estas estructuras no significa que el problema haya terminado. Son necesarias medidas de prevención, atención y sanción; presupuesto suficiente y que se monitoreen los indicadores para que la universidad sea un espacio libre de violencia”, señala Aimeé Vega Montiel, y agrega: “No basta con que las instituciones den respuestas contingentes inmediatas pensando que se van a librar del problema ”. “Las universidades debemos avanzar y prevenir este tipo de fenómenos a través de la instrucción, la capacitación y todo lo que podamos para concientizar a nuestros estudiantes, docentes y trabajadores administrativos. Es una construcción colectiva que creo que en este caso sería la invitación a las personas que participan en estos movimientos a generar estos mecanismos y sobre todo a comprometerse todos y todas en la construcción de esa paz que tanto anhelamos”.
Los estudiantes exigen un pronunciamiento público de las autoridades sobre su mal proceder y que no haya represalias para ninguna de las personas que se encuentran desempleadas. El rector general se ha comprometido con este último punto, sin embargo, los estudiantes señalan que ni Lerma ni Iztapalapa han recibido garantía de sus autoridades de que no habrá represalias. Además de eso, dicen que les han cortado el agua, la luz y el internet para obligarlos a ceder las instalaciones y que la rectora de su unidad, Verónica Medina Bañuelos, los calificó como “un grupo de choque”. “Son estudiantes de la UAM como nosotros y en este momento tememos por su seguridad”, dice Ana.
Las personas consultadas para este informe consideran que aunque la violencia machista en las universidades es un fenómeno que existe “desde siempre”, como dice Vega Montiel, el feminismo ha animado a las estudiantes a organizarse y denunciar la desigualdad como nunca antes había sucedido. Es el caso de la Secundaria 6 de la UNAM, que también está siendo tomada por sus estudiantes por el mismo motivo que la UAM o la Universidad de Zacatecas, que anunciaron paros en todas sus actividades a partir de este viernes. En Oaxaca hubo protestas en el Liceo Tecnológico, Industrial y de Servicios, el Colegio de Bachilleres y en escuelas del Sistema Universitario Estatal y la Universidad La Salle; en la secundaria 29 de Tixtla, Guerrero, el director fue denunciado por la instalación de cámaras de vigilancia dentro de los baños de mujeres y en San Luis Potosí, alumnas y exalumnas del CBTIS 131 acusaron a 10 docentes de acoso sexual. Todo en la misma semana.
Entre las pancartas del campus Cuajimalpa de la UAM, dos mensajes se destacan del resto como resumen de la revolución estudiantil: “Yo no quiero tener miedo en mi propia institución”. “Frente a la impunidad no hay orgullo universitario”.
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